PCP Asesores de Seguros · Jurisprudencia comentada
Conocé a las aseguradoras por sus fallos
Los tribunales argentinos dictan sentencias que definen los derechos y límites del seguro. Acá te explicamos qué resolvieron y qué significa para vos como asegurado, en lenguaje claro y sin tecnicismos.
¿Por qué esto importa? Cada fallo que publicamos acá refleja una situación real que le ocurrió a un asegurado o a una víctima. Conocer estas resoluciones te ayuda a entender qué cubre tu seguro, qué no cubre, y cómo protegerte mejor.
Fallos comentados
Jurisprudencia en seguros explicada para el asegurado
Hacé clic en cada fallo para leer el resumen y las conclusiones prácticas.
Perdió toda su cosecha en una inundación, y la aseguradora igual le inició juicio por la prima completa
ASEGURADOA c/ F.D.N — La Cámara Comercial analizó si un productor agropecuario debía pagar la prima completa de su seguro de granizo después de que una inundación destruyera su cosecha, aplicando el principio de interés asegurable que rige para cualquier tipo de seguro.
¿Qué le pasó?
D.N.F, productor agropecuario arrendatario de un campo en Roque Sáenz Peña, Córdoba, contrató un seguro de granizo para 630 hectáreas de soja, con vigencia del 19/12/2016 al 31/05/2017. Pocos días después de comenzar la cobertura, una lluvia extraordinaria provocó un anegamiento que arrasó la siembra — tan grave que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba declaró el establecimiento en emergencia agropecuaria, y AFIP le reconoció la exención impositiva correspondiente en el marco de la Ley 26.509.
A pesar de eso, la aseguradora le inició juicio para cobrarle el pago íntegro de la prima(lo que conocemos como el pago).
Su defensa
F. sostuvo que, al desaparecer por completo el cultivo asegurado, había desaparecido también el interés asegurable — y sin interés asegurable no hay riesgo que cubrir, así que no correspondía cobrar la prima. También cuestionó que nunca se le hubiera notificado formalmente la aceptación de la póliza, por lo que el contrato no habría llegado a perfeccionarse.
¿Qué resolvió la Cámara?
Rechazó el argumento de que el contrato nunca se perfeccionó: F. había firmado la solicitud, la aseguradora emitió la póliza y hubo principio de ejecución del contrato. Pero en el punto central —la prima— le dio la razón de fondo al productor: el principio de interés asegurable (arts. 3 y 81, Ley de Seguros) no es exclusivo de los seguros agrícolas, rige para cualquier tipo de seguro. Si el riesgo asegurado desaparece durante la vigencia, la aseguradora pierde el derecho a cobrar la prima de ese período.
El problema fue la prueba: no se pudo establecer con certeza el día exacto en que el anegamiento destruyó el cultivo. Como sí quedó acreditado que la emergencia agropecuaria existió y que la aseguradora nunca pidió información ni inspeccionó el campo pese a una situación de público conocimiento, la Cámara redujo la condena al 20% del monto reclamado — reconociendo que el asegurado solo debía la prima por el período real y breve en que el riesgo efectivamente existió.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si te toca reclamar la extinción de una cobertura por desaparición del riesgo asegurado, la fecha exacta del hecho es la prueba que más pesa. Guardá certificados oficiales, fotos con fecha, y notificá el siniestro a tu aseguradora apenas ocurra — cuanto más preciso el registro, más fuerte tu posición.
Cruzaba la calle con el semáforo a favor y la embistió un colectivo: así logró cobrar la indemnización completa
D.P c/ Aseguradora — La Cámara Civil confirmó que, como víctima ajena al contrato de seguro, la franquicia que tiene pactada la empresa de transporte con su aseguradora no le resta ni un peso a lo que le corresponde cobrar.
¿Qué le pasó?
El 9 de diciembre de 2015, una mujer cruzaba de forma reglamentaria la Av. Dorrego por la senda peatonal, con el semáforo a su favor, cuando un colectivo de línea que giraba a gran velocidad desde la Av. Corrientes la embistió. Quedó tendida en el asfalto con fuertes dolores, se solicitó una ambulancia del SAME en el lugar y fue derivada al Hospital Tornú, donde le diagnosticaron politraumatismo, con fractura de clavícula derecha y fisura de parrilla costal.
Demandó a la empresa de transporte por los daños sufridos, y en el proceso se citó en garantía a su aseguradora.
Lo que intentaron para reducir lo que le correspondía cobrar
La empresa y su aseguradora apelaron la sentencia de primera instancia —que había hecho lugar al reclamo— con varios argumentos en contra de la víctima: sostuvieron que ella había cruzado fuera de la senda peatonal y que apareció “de forma imprevista” contra el lateral del colectivo, y remarcaron que el chofer había sido sobreseído en sede penal por entender que el hecho “no constituyó delito”. También cuestionaron por “elevados” los montos reconocidos por incapacidad sobreviniente y daño moral, y pidieron que se les aplicara el límite de la franquicia contratada.
¿Qué resolvió la Cámara?
Punto por punto, a favor de la víctima. Primero, sobre los hechos: no quedó demostrado que ella cruzara fuera de la senda peatonal — al contrario, la pericia de ingeniería mecánica confirmó que fue impactada por el colectivo en movimiento cuando este giraba para ingresar a la avenida. El argumento de la “exclusiva autoexposición” no prosperó.
Segundo, sobre el sobreseimiento penal del chofer: la Cámara recordó que la responsabilidad penal y la civil se aprecian con criterios distintos —la primera mira la conducta del imputado, la segunda mira el daño de la víctima—, así que un sobreseimiento en sede penal no cierra la puerta a la condena civil.
Tercero, sobre los montos: confirmó la incapacidad sobreviniente y el daño moral en base a la pericia médico-psicológica que constató una incapacidad física del 30% (limitación funcional permanente de hombro derecho) y una incapacidad psíquica del 5% (estrés postraumático leve a moderado).
Cuarto, el punto central para ella como tercera: la franquicia que la empresa de transporte tiene pactada con su aseguradora no le es oponible. Eso significa que la aseguradora tiene que pagarle a ella la sentencia completa, y recién después —en un arreglo aparte que no la involucra— puede reclamarle a la empresa el reintegro de ese monto.
Quinto: el límite máximo de cobertura del seguro sí le es oponible, pero la Cámara ordenó que se actualice a los valores vigentes al momento del pago efectivo, y no al valor histórico fijado cuando se contrató la póliza, para que la inflación no lo licúe.
Por último, sobre los intereses: fijó una tasa del 8% anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia de primera instancia, y desde ese momento hasta el pago efectivo, la tasa activa cartera general del Banco Nación.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si sos víctima de un choque con un colectivo, no alcanza con reclamarle solo a la empresa de transporte — pedile a tu abogado que cite en garantía a la aseguradora, porque en la sentencia es ella quien queda obligada a pagarte. Y no dejes que el argumento de la franquicia te haga bajar tus expectativas: ese es un tema que la empresa y la aseguradora resuelven entre ellas, después.
Le arreglaron la caja de cambios de un auto inundado, pero el perito ya había dicho que no tenía arreglo
— La Cámara Comercial confirmó la destrucción total del vehículo y sumó daño moral y daño punitivo por la conducta de la aseguradora durante el reclamo.
¿Qué pasó?
F.P tenía contratado un seguro a todo riesgo sobre su Volkswagen Bora con Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. Una inundación destruyó la caja de cambios automática del vehículo. Palacios denunció el siniestro y pidió el reconocimiento de una caja nueva o, en su defecto, la declaración de destrucción total del rodado.
Lo que pasó durante el trámite del siniestro
La aseguradora sugirió trasladar el auto a un taller oficial Volkswagen, lo que se concretó, y luego pidió llevarlo a otro taller para una nueva inspección — que nunca llegó a hacerse, porque el inspector no fue enviado. Mientras tanto, pagó un presupuesto de reparación de $557.000 en un taller especializado en cajas automáticas, cuyo trabajo terminó con un nivel de detalle muy deficiente en las reparaciones efectuadas. Cuando P. consultó con otro taller, la respuesta fue clara: la única solución posible era el cambio total de la unidad.
A lo largo de todo ese proceso, según constató la Cámara, la aseguradora nunca dio su propia versión de los hechos dentro del juicio ni contestó en forma clara y concreta los planteos de P. — un silencio que, para el tribunal, jugó como un reconocimiento tácito de lo que el asegurado venía sosteniendo.
¿Qué resolvió la Cámara?
La Sala F confirmó lo resuelto en primera instancia: el informe del perito ingeniero mecánico determinó que el costo de reemplazar la caja de cambios superaba ampliamente el valor asegurado del vehículo, por lo que correspondía reconocer la destrucción total. La aseguradora fue condenada a pagar la suma asegurada, con el descuento de la franquicia del 4%, más intereses a la tasa activa del Banco Nación desde la mora.
Pero la Cámara fue más allá de lo técnico. Consideró que la falta de respuesta y el desinterés de la aseguradora durante todo el trámite del siniestro constituyó un trato indigno hacia el consumidor, y por eso hizo lugar también al daño moral y aplicó una multa civil por daño punitivo (art. 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor). El tribunal remarcó que la compañía, siendo una especialista en la contratación de seguros, no dio ninguna explicación válida de esa conducta renuente frente a su asegurado — el problema no fue solo qué solución técnica correspondía para la caja, sino cómo trató a P. mientras esperaba una respuesta.
¿Qué aprendemos?
¿Cómo te ayudamos en un caso así? En un siniestro como este, el momento en que se decide entre reparar, reemplazar o declarar la pérdida total es donde más se juega el resultado. Como tu productor asesor, hacemos el seguimiento activo del expediente, exigimos respuestas y plazos claros a la aseguradora, y nos apoyamos en dictámenes técnicos objetivos para que la indemnización que recibas sea la que realmente corresponde — sin que tengas que atravesar solo ese proceso de reclamos sin respuesta.
No declaró que estaba en diálisis al contratar su seguro de vida: la Corte anuló el contrato
M. c/ C… Compañía Argentina de Seguros S.A. — La Corte Suprema de Jujuy revocó la sentencia que había condenado a la aseguradora a pagar, y declaró la nulidad del contrato por reticencia del tomador del seguro.
¿Qué pasó?
El Sr. H.E.R contrató un seguro de vida. Al completar la declaración jurada de salud, respondió que no tenía enfermedades renales. La realidad era otra: hacía años que estaba en tratamiento de hemodiálisis por insuficiencia renal crónica, y la diabetes tipo II que la había originado le había sido diagnosticada siete años antes de contratar. Diez meses después de firmar la póliza, falleció como consecuencia de esas enfermedades.
Tras su fallecimiento, la Sra. M.R.M reclamó el pago del seguro. Ante el rechazo, inició una demanda por daños y perjuicios contra la aseguradora.
Lo que había resuelto la Cámara en primera instancia
La Cámara Civil y Comercial de San Pedro de Jujuy le dio la razón a la actora y condenó a la aseguradora a pagar más de $12.700.000. Su argumento: dentro del marco del derecho del consumidor, la aseguradora no había acreditado haber realizado controles médicos al tomador antes de contratar, por lo que no había actuado con la diligencia esperada al momento de la contratación.
¿Qué resolvió la Corte Suprema de Jujuy?
Revocó íntegramente esa sentencia y rechazó la demanda. El fundamento central: la ley (art. 154, Ley 17.418) le da a la aseguradora la facultad de pedir estudios médicos antes de contratar, no la obligación de hacerlo. Confundir esa facultad con un deber legal —como había hecho el tribunal anterior— termina vaciando de contenido al art. 5 de la misma ley, que regula la reticencia.
La Corte remarcó que el sistema del seguro se sostiene sobre la buena fe y la declaración honesta de quien contrata: es esa persona quien está en mejores condiciones de conocer su propio estado de salud, no la aseguradora. Por eso, aun protegiendo al consumidor, esa protección no puede convalidar una declaración de salud falsa que resultó determinante en el fallecimiento del tomador diez meses después.
Con esos fundamentos, la Corte declaró la nulidad del contrato de seguro y rechazó el reclamo, con costas a la parte actora.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Al contratar un seguro de vida, completá la declaración de salud con total honestidad, incluso si te parece que un dato “no es tan importante”. Si tenés dudas sobre qué declarar, consultá con tu productor asesor antes de firmar — una omisión hoy puede dejar a tu familia sin cobertura el día que más la necesite.
Le dijeron que no había cobertura por licencia vencida… pero la aseguradora no pudo probarlo
Rodríguez c/ Podverscek — La Cámara Civil confirmó la cobertura: la aseguradora no logró demostrar que la licencia estaba realmente vencida ni que notificó correctamente el rechazo del siniestro.
¿Qué pasó?
Un motociclista circulaba por la Avenida Rivadavia cuando un auto que venía de frente invadió su carril, convirtiéndose en un obstáculo insalvable que terminó en un choque. El motociclista sufrió heridas en las manos, con secuelas físicas y estéticas, y demandó a los responsables del auto, citando en garantía a la aseguradora para que respondiera por la indemnización.
El argumento de la aseguradora
La aseguradora opuso excepción de falta de legitimación pasiva: sostuvo que el conductor del auto no estaba habilitado legalmente para manejar esa unidad, porque su licencia de conducir había vencido pocos días antes del choque, e invocó además su edad (mayores de 70 años deben renovar la licencia todos los años). Con ese argumento, pretendía quedar afuera de la condena.
¿Qué resolvió la Cámara?
Confirmó que la aseguradora debía responder. Dos motivos centrales: primero, no quedó probado que la licencia estuviera realmente vencida al momento del hecho, porque un decreto de necesidad y urgencia local había dispuesto una prórroga automática de vigencia que podía alcanzar al conductor. Segundo, la aseguradora tampoco pudo acreditar que hubiera notificado eficazmente al asegurado el rechazo del siniestro — la prueba que intentaba demostrarlo caducó por inacción propia.
El tribunal fue contundente: una cláusula de exclusión de cobertura delimita el riesgo asegurado, pero no se sostiene por sí sola. Quien la invoca tiene la carga de probarla con elementos concretos — y en este caso, esa prueba no existió.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si te rechazan un siniestro invocando una causal como la falta de licencia habilitante, pedí que te muestren la prueba concreta que la respalda — no alcanza con la afirmación. Y verificá siempre si existen normas o prórrogas vigentes que puedan cambiar la situación.
La chocaron parada en el semáforo: la aseguradora del otro conductor no quería pagar
Kerlakian c/ Grela — La Cámara Civil confirmó que invocar una cláusula de exclusión no alcanza por sí solo: la aseguradora tiene que probar que el motivo invocado tuvo relación real con lo que causó el daño.
¿Qué pasó?
Kerlakian estaba detenida con su auto en un semáforo de la Ciudad de Buenos Aires cuando Grela la embistió por atrás, provocando un choque en cadena contra el vehículo que tenía adelante. La responsabilidad de Grela en el hecho nunca estuvo en discusión.
Al momento del accidente, Grela tenía la licencia de conducir vencida. Kerlakian, como tercera damnificada, reclamó la indemnización a la aseguradora de Grela (Caja de Seguros S.A.), citada en garantía en el juicio.
El argumento de la aseguradora
La póliza establecía que quedaban excluidos de cobertura los siniestros ocurridos mientras el vehículo asegurado fuera conducido por una persona sin permiso habilitante. Con ese fundamento, Caja de Seguros se negó a indemnizar a Kerlakian, invocando que su propia asegurada no tenía la licencia vigente.
¿Qué resolvió la Cámara?
Confirmó que la aseguradora debía pagar. El fundamento central: la exoneración del asegurador por falta de habilitación para conducir “sólo lo es en la medida en que dicha circunstancia guarde relación con el siniestro” — y en este caso, esa relación no estaba probada.
Los jueces agregaron un argumento clave: que la licencia estuviera vencida no equivale a no saber manejar. Si Grela la había obtenido en algún momento, es porque ya había demostrado ante la autoridad de tránsito tener la aptitud necesaria para conducir. El vencimiento es un trámite administrativo pendiente, no una prueba de impericia. Y la aseguradora, en este caso, no acreditó ningún vínculo entre esa circunstancia y la forma en que ocurrió el choque.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si te rechazan un siniestro —seas asegurado o tercero damnificado— pedí que te expliquen concretamente qué relación hay entre el motivo del rechazo y lo que efectivamente generó el daño. Si esa relación no existe o no está probada, el rechazo puede no sostenerse.
Le pagó a su asegurada por el incendio del depósito… y fue a cobrarle a la empresa de logística
Federación Patronal Seguros c/ Geodis Wilson — La Cámara Comercial confirmó que quien tiene a su cargo bienes ajenos responde ante la aseguradora que se subroga en los derechos del dueño, si no logra probar que la responsabilidad era de otro.
¿Qué pasó?
Una empresa dueña de mercadería la tenía asegurada bajo una póliza integral de comercio. Para guardarla y distribuirla, contrató a una compañía de logística. Esa compañía de logística, a su vez, subcontrató a otra empresa para que la almacenara en su depósito. En septiembre de 2011, ese depósito se incendió y la mercadería se perdió casi en su totalidad.
La aseguradora le pagó a su asegurada la indemnización completa por el siniestro. Después, subrogándose en sus derechos, demandó a la compañía de logística —no al depósito— para que le devolviera esa plata, reclamando $199.393,67.
El argumento de la empresa de logística
La compañía de logística se defendió diciendo que ella no era la depositaria: que su servicio era transporte de cargas, que el almacenamiento estaba subcontratado a otra empresa, y que actuaba como una mera controladora de stock. Pidió que se citara a esa otra empresa como tercero responsable, pero esa citación fue luego desistida en el proceso.
¿Qué resolvió la Cámara?
Confirmó la condena contra la compañía de logística. No se apoyó en un solo elemento, sino en tres: un convenio firmado por la propia demandada después del siniestro, donde reconoció por escrito haber recibido la mercadería para su depósito y distribución, y haber sido ella quien subcontrató el almacenamiento; la pericia contable, que mostró que facturaba a su cliente en concepto de almacenamiento; y el testimonio de un testigo con intervención directa en los hechos, que la demandada tuvo oportunidad de contradecir en el juicio y no logró desvirtuar.
El tribunal remarcó que quien no aporta la prueba de los hechos que alega —en este caso, que la responsabilidad era de la empresa subcontratada— no puede pretender que el juez los tenga por ciertos.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si tu empresa recibe, transporta o almacena bienes de terceros —aunque sea a través de un subcontratista— dejá siempre por escrito quién es responsable de qué en cada etapa. El día que algo se pierde o se daña, esa documentación es tu única defensa.
Se incendió un galpón industrial: así se calculó si la suma asegurada alcanzaba para reconstruirlo
D.S., J.D. c/ Tricaucho S.R.L. y otros — Un incendio destruyó parte de un predio industrial alquilado. El caso permite explicar tres conceptos clave para cualquier propietario o asegurado: cuánto hay que asegurar un edificio, cómo se sabe si un seguro está sobreasegurado o infraasegurado, y cómo se calcula el valor real de una construcción.
¿Qué pasó?
Una empresa dedicada a la molienda de caucho alquilaba un predio industrial de 4 galpones en Berazategui. El contrato de locación obligaba a la locataria a contratar un seguro contra incendio, endosado a favor del propietario, con una suma asegurada mínima pactada. En septiembre de 2015 se produjo un incendio que destruyó totalmente dos de los galpones y dañó seriamente un tercero.
Se discutió judicialmente la responsabilidad por el siniestro y, sobre todo, cuánto correspondía indemnizar por la reconstrucción del edificio — y ahí es donde el fallo se vuelve un caso de estudio para cualquier propietario que alquile un inmueble.
Primer punto: ¿alcanza con “exigirle” un seguro de incendio al inquilino?
No alcanza con que el contrato de locación diga “el locatario deberá contratar un seguro de incendio”. Si no se define con precisión cuál es la suma mínima que ese seguro tiene que cubrir — y si esa suma no se actualiza con el tiempo — exigir el seguro se convierte en un mero trámite formal, que no necesariamente protege al propietario cuando ocurre el siniestro.
En este caso, el contrato fijaba un piso mínimo de cobertura al momento de firmarse. Para cuando ocurrió el incendio, años después, la póliza vigente cubría una suma mayor a ese piso original — y esa actualización fue justamente lo que determinó si la cobertura terminaba siendo suficiente o no.
Segundo punto: ¿estaba sobreasegurado o infraasegurado?
El perito liquidador de siniestros hizo un cálculo puntual: comparó la suma asegurada por incendio del edificio ($16.251.840) contra el valor real de la propiedad al momento del siniestro, ya descontada la depreciación por antigüedad ($15.879.465,10). La fórmula que aplicó fue:
% Asegurado = (Suma Asegurada ÷ Valor Real) x 100
En este caso: ($16.251.840 ÷ $15.879.465,10) x 100 = 102,35%. El propio perito concluyó textualmente que “no hay infraseguro dado que el valor asegurado era superior al valor real (depreciado) al momento del siniestro.”
Esto importa porque, si el resultado hubiera dado por debajo del 100%, se aplica la regla proporcional del art. 65 de la Ley de Seguros: la aseguradora no indemniza el daño completo, sino en la misma proporción en la que el bien estaba infraasegurado. El infraseguro no se nota mientras no hay siniestro — recién ahí se descubre que la cobertura no alcanzaba.
Tercer punto: ¿cómo se calcula el “valor a nuevo” de una edificación?
El perito ingeniero designado en la causa no usó el valor de mercado ni el valor fiscal del inmueble. Calculó el valor de reconstrucción (valor a nuevo) tomando como referencia la Revista Vivienda, una publicación que releva el costo de la construcción por metro cuadrado. A ese valor a nuevo le restó un 17% de depreciación por antigüedad, llegando así al valor real (depreciado) de la propiedad.
Un dato revelador: otro estudio liquidador, sobre la misma propiedad y misma fecha, aplicó el mismo 17% de depreciación pero partiendo de un valor a nuevo distinto — y llegó a una cifra de valor depreciado varios millones de pesos más alta. Esto muestra que el porcentaje de depreciación no es lo único que define el resultado: la base de cálculo del valor a nuevo importa igual o más.
Este mecanismo (valor a nuevo menos depreciación por estado, uso, conservación y antigüedad) es el que corresponde aplicar salvo que la póliza tenga una cláusula de reposición a nuevo convenida — en cuyo caso se indemniza el valor completo de reconstrucción, sin depreciar. Esa cláusula suele estar disponible solo para construcciones nuevas y debe estar expresamente pactada en el contrato.
¿Qué resolvió la Cámara?
La Cámara confirmó que no hubo caso fortuito y que correspondía indemnizar el daño emergente. Además, dispuso actualizar el valor de reconstrucción al momento más cercano al pago efectivo (en lugar de congelarlo a la fecha del siniestro de 2015), aplicando igualmente el 17% de depreciación por antigüedad sobre ese valor actualizado. También resolvió otros rubros del reclamo (lucro cesante, daño moral, intereses), ajenos a la discusión sobre la suma asegurada.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si alquilás una propiedad, no te quedes con la cláusula genérica de “seguro de incendio obligatorio” en el contrato. Calculá con tu productor asesor cuál es el valor de reconstrucción actual de tu propiedad y verificá que la suma asegurada de la póliza de tu inquilino la cubra, con revisiones periódicas.
¿Un año o tres años para reclamarle a tu seguro? La Cámara lo aclaró
Ayala c/ Caja de Seguros — La Cámara Comercial confirmó que el plazo para reclamarle a una aseguradora es el de un año que fija la Ley de Seguros, y no los tres años que da la Ley de Defensa del Consumidor para otras relaciones de consumo.
¿Qué pasó?
La asegurada tenía un seguro automotor contratado con Caja de Seguros. Ante un reclamo por el cumplimiento del contrato, la aseguradora opuso una excepción de prescripción: sostuvo que la asegurada se había tomado más tiempo del permitido por la ley para reclamar judicialmente. El juzgado de primera instancia le dio la razón a la aseguradora y rechazó la demanda por ese motivo.
La asegurada apeló, pero no discutió los hechos del caso — apeló un único punto de derecho: qué plazo de prescripción correspondía aplicar. Su argumento fue que, en su condición de consumidora, debía regirle el plazo de tres años que fija la Ley de Defensa del Consumidor para las acciones judiciales de consumidores, y no el plazo más corto de la ley específica de seguros.
El punto en discusión
El artículo 58 de la Ley de Seguros (17.418) fija en un año el plazo de prescripción para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que surgen de un contrato de seguro. La Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 50, da tres años para las acciones judiciales iniciadas por consumidores en general.
La asegurada pidió que se aplicara el plazo más largo, apoyándose también en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, que establece que ante una duda de interpretación entre normas, debe prevalecer la lectura más favorable al consumidor.
¿Qué resolvió la Cámara?
La Sala D — con los votos de los jueces Gerardo Vassallo y Pablo Heredia — confirmó el rechazo de la demanda. Consideró que, en este caso, no existía ninguna duda de interpretación que resolver a favor del consumidor: el contrato era de seguro, el reclamo derivaba directamente de él, y por lo tanto correspondía aplicar la ley especial de seguros y no el plazo genérico de consumidor. Aclaró además que la reforma del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor se refiere a sanciones administrativas, no a reclamos civiles como este.
El tribunal remarcó que se trata de un tema donde todavía conviven posturas doctrinales y jurisprudenciales distintas, y por eso impuso las costas de la apelación en el orden causado, sin cargárselas por completo a ninguna de las partes.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si tenés un reclamo pendiente con tu aseguradora, no dejes pasar el año desde el hecho o desde el rechazo del siniestro. Por más fundamento que tenga tu reclamo, superado ese plazo la Justicia ya no puede darle curso.
La aseguradora alegó culpa grave para no cubrir el auto. No pudo probarlo, y tuvo que pagar igual
Causas acumuladas por un accidente en un paso a nivel — La Cámara Civil confirmó que invocar la culpa grave no alcanza: la aseguradora tiene la carga de demostrarla con pruebas concretas.
¿Qué pasó?
Un auto cruzaba un paso a nivel del ferrocarril cuando la barrera comenzó a bajar. En ese momento fue impactado por una locomotora que circulaba sin vagones. El conductor y su acompañante sufrieron lesiones de consideración y demandaron a la empresa operadora del servicio ferroviario, al Estado Nacional y a la aseguradora del vehículo, reclamando la reparación de los daños sufridos.
La aseguradora del auto (Sancor) reconoció la existencia de la póliza, pero rechazó la cobertura: sostuvo que el conductor había cruzado el paso a nivel con la barrera ya baja, lo que —según su planteo— configuraba culpa grave y excluía la obligación de responder (arts. 70 y 114, Ley 17.418).
El punto central del litigio: ¿alcanza con alegar la culpa grave?
La aseguradora insistió en que, si el conductor terminaba condenado en la causa principal, eso conducía automáticamente al supuesto de “no seguro” previsto en la póliza. Pero antes de llegar a esa consecuencia, había que resolver una pregunta previa: ¿estaba efectivamente probado que la barrera se encontraba baja cuando el auto ingresó al paso a nivel?
¿Qué resolvió la Cámara?
Rechazó la defensa de la aseguradora. Del análisis de la prueba testimonial surgió una versión distinta a la que sostenía la compañía: quienes presenciaron el hecho declararon que la barrera comenzó a bajar cuando el auto ya estaba cruzando —al punto de que el conductor tuvo que acelerar para que no lo golpeara—, no antes de iniciar el cruce.
El tribunal remarcó que el único testimonio que respaldaba la versión de la aseguradora era el del propio guardabarreras, dependiente de la empresa demandada, cuyo valor probatorio debía ponderarse con mayor rigurosidad por esa relación de dependencia. Sin otra prueba que sostuviera la versión de la culpa grave, la Cámara concluyó que la situación invocada por la aseguradora “no se encuentra demostrada ni surge de las actuaciones fehacientemente acreditada”, y confirmó que la compañía debía responder por el siniestro.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Si te rechazan un siniestro alegando culpa grave, pedile a la aseguradora que te muestre en qué prueba concreta se basa esa afirmación. Un rechazo sin fundamento probatorio sólido puede no sostenerse en una instancia judicial.
Manejaba alcoholizada y con nueve personas en el auto: la aseguradora tuvo que pagar igual
Cilley c/ Porcel Peralta — La Cámara de Dolores confirmó que la exclusión por “culpa grave” solo se le puede aplicar al asegurado o tomador de la póliza, nunca a un conductor que no reviste esa calidad, aunque haya manejado de manera gravemente imprudente.
¿Qué pasó?
María viajaba como pasajera en el asiento trasero de un Peugeot 206 conducido por una amiga, Estefanía Porcel Peralta, quien la trasladaba de forma benévola junto a otros jóvenes. Al llegar a una bocacalle, el auto se desvió, subió a la vereda y se incrustó contra un árbol. Cilley sufrió lesiones de gravedad y demandó a la conductora, a la titular registral del vehículo y citó en garantía a la aseguradora.
La aseguradora (La Segunda Cooperativa de Seguros) reconoció que el siniestro había ocurrido, pero rechazó la cobertura: alegó que la conductora manejaba en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y con nueve personas a bordo, invocando una cláusula de la póliza que excluye de cobertura los siniestros causados por conductores con signos de alteración por alcohol o estupefacientes.
El argumento de la aseguradora: extender la exclusión al conductor
La Ley de Seguros (art. 70 y 114) dice que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si provoca el siniestro con dolo o culpa grave. La aseguradora sostuvo que esa misma exclusión debía aplicarse también al conductor autorizado del vehículo, aunque no fuera el asegurado ni la tomadora de la póliza — es decir, quiso trasladarle a un tercero una consecuencia que la ley reserva para el asegurado.
¿Qué resolvió la Cámara?
Confirmó que la aseguradora debía pagar. La culpa grave que excluye cobertura es, según el art. 158 de la Ley de Seguros, una previsión que solo puede modificarse a favor del asegurado — nunca en su perjuicio ni en el de terceros. Extender esa exclusión al conductor que no es el asegurado amplía ilegítimamente las causales de no seguro, algo que la propia ley prohíbe.
El tribunal citó jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense y doctrina especializada (Barbato) para sostener que la culpa grave de terceros — aunque sean dependientes o familiares del asegurado — no elimina la cobertura. Solo el asegurado, titular del interés cubierto, puede perder su derecho a indemnización por su propia conducta gravemente culposa.
La Cámara redujo el monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente (de $90.000.000 a $73.000.000) y dejó sin efecto la suma reconocida por daño psicológico, por no encontrar acreditadas secuelas psíquicas crónicas en la pericia. Pero mantuvo firme lo esencial: la aseguradora tuvo que responder por el siniestro, sin perjuicio de su derecho a reclamarle después a la conductora lo que tuvo que pagar.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Prestar el auto no te deja automáticamente sin cobertura frente a terceros, aunque quien maneje cometa una imprudencia grave — pero sí puede dejarte expuesto después a que la aseguradora te reclame a vos o a esa persona lo que tuvo que pagar. Si sos vos quien pide el auto prestado, tené presente que tu propia conducta al volante puede terminar constituyendo una deuda personal, aunque el seguro haya respondido frente a la víctima.
Le prestó la camioneta a su hijo de 16 años sin registro: la aseguradora no tuvo que responder, aunque el conductor no era el titular de la póliza
La Cámara Civil confirmó el rechazo de cobertura de Orbis Seguros: la exclusión por falta de licencia es oponible incluso a la víctima del accidente, aunque quien manejaba fuera un tercero y no el asegurado.
¿Qué pasó?
En julio de 2016, un motociclista circulaba por la ciudad de Dolores cuando fue embestido en una bocacalle por una camioneta Peugeot Partner. La camioneta la manejaba un chico de 16 años, hijo del titular de la póliza — y no tenía licencia de conducir, porque a esa edad la ley todavía no se lo permite. El motociclista sufrió fractura de tibia y peroné, con secuelas físicas y psicológicas, y demandó tanto a los responsables del vehículo como a la aseguradora (Orbis) para que cubriera la indemnización.
En primera instancia, el juez le dio la razón al motociclista en cuanto al fondo del reclamo — pero excluyó a la aseguradora de la condena, aceptando que Orbis había rechazado la cobertura correctamente por falta de habilitación del conductor. El actor apeló ese punto puntual: quería que la aseguradora también respondiera.
El argumento del actor: “el conductor era un tercero, no el asegurado”
El planteo era interesante: el art. 114 de la Ley de Seguros dice que la aseguradora solo puede liberarse de pagar por culpa grave o dolo del asegurado. Como quien manejaba era el hijo del tomador de la póliza — un tercero, no el asegurado — el actor sostuvo que esa causal no aplicaba, y que la función social del seguro obligaba a cubrir igual a la víctima.
¿Qué resolvió la Cámara?
Confirmó el rechazo de cobertura. La Cámara se apoyó en el mismo criterio que fijó la Corte Suprema en “Buffoni c/ Castro” (2014, ya lo vimos en otro fallo de esta sección): el contrato de seguro rige entre aseguradora y asegurado, y frente a ellos la víctima es un tercero que, si quiere invocar ese seguro, tiene que aceptarlo con sus condiciones y exclusiones — no puede elegir solo la parte que le conviene.
Además, el tribunal explicó que la exigencia de licencia habilitante no es un capricho de la aseguradora sino una obligación legal (Ley de Tránsito 24.449): sirve para comprobar que quien maneja tiene la idoneidad mínima para hacerlo. Que el conductor fuera menor de edad y nunca hubiera sacado el registro — no que se le venció, sino que jamás lo tuvo — reforzó la presunción de falta de idoneidad. Para la Cámara, cubrir ese siniestro igual habría premiado indirectamente que se violara una regla de tránsito elemental.
Sí le hizo lugar parcialmente al motociclista en otro punto: elevó la indemnización por incapacidad (a $4.000.000) y por daño moral (a $1.500.000), tomando como referencia los valores que usa el sistema de riesgos del trabajo para casos similares. Pero esa plata la tienen que pagar los responsables del vehículo — no la aseguradora.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Antes de darle las llaves a alguien — sobre todo a un hijo o hija adolescente — asegurate de que tenga la licencia correspondiente a esa categoría de vehículo. Si tenés dudas sobre quién está habilitado a manejar tu auto según tu póliza, consultanos: es mejor resolverlo antes del siniestro que después.
Galeno Seguros tardó casi un año en contestar un siniestro de $210.000 — terminó condenada a pagar casi $8 millones más
La Cámara Comercial revocó el rechazo de primera instancia: la demora de la aseguradora fue tan indiferente a los derechos del asegurado que habilitó superar el límite de la póliza.
¿Qué pasó?
Le robaron su Fiat Siena en Buenos Aires en octubre de 2020. Denunció el siniestro ese mismo día. Galeno Seguros dejó pasar los 30 días que le da la ley para contestar, sin decir ni sí ni no. Recién casi un año después, en septiembre de 2021, reconoció el siniestro por carta documento — pero condicionó el pago a que el asegurado entregara documentación adicional, y de paso descontó una deuda de multas de tránsito que ni siquiera había mencionado antes.
El asegurado inició juicio reclamando el valor real del auto. El juez de primera instancia le dio la razón a la aseguradora: consideró que el vehículo había sido taxi (según su título) y que por eso no aplicaba la Ley de Defensa del Consumidor, y que el asegurado no había entregado toda la documentación pedida, habilitando a la compañía a retener el pago.
¿Qué resolvió la Cámara?
La Cámara dio vuelta todo. Primero: no había pruebas de que el auto siguiera siendo taxi al momento del siniestro — la póliza lo cubría como “uso particular”, y eso alcanzaba para aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Segundo, y más importante: como la aseguradora dejó pasar el plazo legal sin contestar, quedó impedida de inventar condiciones nuevas después (como la deuda de multas) para no pagar. Eso se llama aceptación tácita del siniestro (art. 56 Ley de Seguros).
El problema de fondo: la inflación se comió la póliza
La póliza cubría apenas $210.000 por el robo del auto — y ese es, en principio, el techo legal que la aseguradora tiene que pagar, ni un peso más (art. 61 Ley de Seguros). Pero la Cámara entendió que la demora fue tan indiferente a los derechos del asegurado que calificaba como mala fe, y eso sí habilita romper ese techo. Le sumaron $7.863.644 más, calculados sobre lo que cuesta hoy un auto igual con la misma antigüedad ($8.800.000 según Infoauto). En total, casi $8,8 millones sobre una póliza que cubría $210.000.
Rechazó el daño moral y la privación de uso porque el asegurado no aportó pruebas concretas de esos perjuicios. Tampoco el daño punitivo: aunque la demora fue de mala fe, la ley exige además probar que la aseguradora repite esa conducta con otros clientes, y eso no se acreditó en este caso.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Revisá el valor asegurado de tu póliza al día de hoy, no al día que la contrataste. Si tu auto vale mucho más que la suma asegurada, hablá con tu productor para actualizarla — así no dependés de un litigio para cobrar lo que tu auto realmente vale.
Lara Obreque c/ Antártida Seguros — Prometió el pago por WhatsApp y después no respondió más
La aseguradora fue condenada por incumplimiento contractual: no pudo probar el rechazo del siniestro y la carga de la prueba jugó en su contra.
¿Qué pasó?
En enero de 2023, María Cristina Lara Obreque volcó su Volkswagen Gol Trend en la Ruta Nacional 22 (Río Negro) por el mal estado de la calzada. El auto quedó con destrucción total. Tenía la póliza vigente, con cobertura específica para ese riesgo. Denunció el siniestro al día siguiente por WhatsApp y fue entregando toda la documentación que la aseguradora le pedía durante meses, sin que ésta rechazara formalmente el reclamo en ningún momento.
En mayo de 2023, una empleada de la compañía le confirmó por WhatsApp una fecha concreta de pago: el 7 de julio de 2023. Esa fecha llegó y la aseguradora dejó de responder, sin pagar la indemnización ni devolverle los $48.400 que había gastado de su bolsillo en el acarreo del vehículo.
La prueba clave: un peritaje informático sobre WhatsApp
Ante el silencio de la aseguradora, la asegurada intimó por carta documento, agotó la instancia de mediación y finalmente demandó. En el juicio presentó como prueba central un peritaje informático sobre la conversación de WhatsApp con la compañía, que certificó que no había ediciones ni manipulación. Quedó así documentada la denuncia, cada pedido de documentación y la promesa de pago incumplida.
¿Qué resolvió la jueza?
La sentencia encuadró el vínculo como una relación de consumo (Ley 24.240), que se suma —sin reemplazarla— a la Ley de Seguros. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas (art. 53 LDC): quien está en mejores condiciones de probar es la aseguradora, no el asegurado. Como la compañía no logró demostrar ni el rechazo del siniestro ni los fundamentos de su defensa, esa falta de prueba jugó en su contra.
Al haber reconocido la vigencia de la póliza y la procedencia de la cobertura por daño total, pero sin pagar ni fundamentar un rechazo formal, la conducta de la aseguradora fue considerada un incumplimiento contractual por violación al principio de buena fe (arts. 9 y 961 CCyCN).
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Guardá siempre las comunicaciones con tu aseguradora (WhatsApp, mails, cartas documento) con fecha y hora. Si te prometen un pago o una fecha concreta y no se cumple, esa evidencia es tu principal respaldo ante un reclamo judicial.
Buffoni c/ Castro — Cajuela no habilitada para pasajeros
La Corte Suprema confirmó que viajar en un lugar no habilitado del vehículo excluye la cobertura del seguro.
¿Qué pasó?
A raíz de un accidente de tránsito, una persona falleció y otra resultó herida. Ambas viajaban en la cajuela de una camioneta Fiat Fiorino — un espacio no habilitado para transportar personas. La póliza excluía expresamente la cobertura para pasajeros en esas condiciones. Los familiares demandaron igualmente a la aseguradora.
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
Revocó la condena a la aseguradora. Las cláusulas del contrato de seguro son válidas y oponibles a los terceros. Quien quiera invocar un seguro ajeno para reclamar debe hacerlo dentro de los límites de ese contrato. La función social del seguro no implica reparar todos los daños sin considerar las pautas del contrato.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Verificá siempre que todos los pasajeros viajen en asientos habilitados y que el número no supere la capacidad del fabricante. De lo contrario, podrías quedar sin cobertura.
Tuero Caso c/ Latoyar S.A. — Constancia de cobertura y rechazo no notificado
Una constancia de cobertura emitida con membrete de la aseguradora generó responsabilidad aunque la póliza nunca se formalizó.
¿Qué pasó?
El mismo día en que ocurrió un accidente fatal, el productor de seguros había solicitado una póliza de responsabilidad civil ilimitada para un autoelevador. La aseguradora emitió solo el seguro técnico y no la póliza de daño civil. El productor emitió una constancia de cobertura con membrete de la compañía, sin que ésta notificara formalmente el rechazo. Ante el siniestro, la aseguradora alegó que la póliza nunca existió.
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
Desestimó el recurso de la aseguradora y confirmó la condena. La constancia emitida con membrete de la compañía generó una apariencia legítima de cobertura vigente. La aseguradora tenía la obligación de comunicar formalmente el rechazo — el silencio jugó en su contra.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Al contratar un seguro, pedí siempre la constancia de cobertura por escrito y verificá que la póliza definitiva llegue en tiempo y forma. Si hay demoras, consultá con tu productor antes de asumir que estás cubierto.
A., F. F. c/ Banco Hipotecario S.A. — Reticencia dolosa en seguro de vida hipotecario
Ocultar una enfermedad grave en la declaración jurada de salud invalidó el seguro al momento del siniestro.
¿Qué pasó?
Al contratar un crédito hipotecario con seguro de vida cancelatorio, la asegurada respondió negativamente a todas las preguntas de salud — negó enfermedades, operaciones y medicación. En realidad padecía artritis reumatoidea severa desde 1989, había sido operada dos veces de reemplazo de cadera y tenía certificado de discapacidad. Falleció en 2004 por una infección derivada de esas prótesis. La aseguradora rechazó el siniestro por reticencia.
¿Qué resolvió la Cámara?
Rechazó la demanda y validó el rechazo de la aseguradora. La reticencia fue dolosa: la asegurada conocía perfectamente su enfermedad y la ocultó deliberadamente. Además, la causa de muerte estuvo directamente vinculada con la enfermedad no declarada. El rechazo fue válido y temporáneo.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Al completar cualquier declaración de salud respondé con total honestidad. Si tenés dudas sobre qué declarar, consultá con tu productor asesor antes de firmar.
Dromi c/ Rueda — Conductor menor de edad sin licencia excluye la cobertura
La Corte avaló el rechazo de Federación Patronal: la inhabilitación legal del conductor tiene base en la ley, no solo en la póliza.
¿Qué pasó?
Un accidente de tránsito fue protagonizado por un menor de 16 años que conducía sin licencia — la ley exige como mínimo 17 años para ese tipo de vehículo. La póliza excluía la cobertura ante conductores sin registro. La Cámara igualmente condenó a la aseguradora (Federación Patronal) argumentando que el seguro obligatorio no permite oponer exclusiones a la víctima.
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
Revocó la sentencia y le dio la razón a Federación Patronal. La inhabilitación para conducir de menores de edad surge de la propia ley de tránsito — no de una cláusula contractual. Por lo tanto, la exclusión de cobertura tiene base legal directa y es oponible al damnificado.
¿Qué aprendemos?
Consejo práctico: Nunca cedas el volante a alguien sin licencia vigente y habilitada para ese tipo de vehículo. El riesgo patrimonial es tuyo.
Seguro sin cobertura por débito automático rechazado: la justicia falla a favor del asegurado
Salvatierra c/ Boston Seguros — Si te rechazaron un siniestro alegando falta de pago por débito automático, la justicia argentina dice que eso no es problema tuyo.
¿Qué pasó?
Diego Salvatierra tenía su seguro de auto configurado con débito automático en su cuenta bancaria. En junio de 2016 le robaron el vehículo. Cuando hizo la denuncia ante Boston Seguros, la compañía rechazó el siniestro alegando suspensión de cobertura por falta de pago: el débito del período no se había acreditado. El problema era claro: al momento del vencimiento, Salvatierra tenía fondos suficientes en la cuenta. El débito no ingresó por razones que le fueron completamente ajenas, y nadie le avisó nada.
¿Qué resolvió la justicia?
La Cámara de Apelaciones de Morón confirmó la condena a la aseguradora y amplió la indemnización. El tribunal fue contundente: quien elige el débito automático como forma de pago cumple con su obligación en la medida en que tenga fondos en la cuenta al momento del vencimiento. Si el débito no se concreta por razones ajenas al asegurado, eso excede su responsabilidad.
Exigirle al asegurado que controle si el débito se acreditó efectivamente es, en palabras del tribunal, “excesivo e irrazonable”. Aplicar una suspensión automática de cobertura en esas condiciones es un proceder “reñido con la buena fe, abusivo y antifuncional, que la justicia no puede de manera alguna convalidar” (art. 10 CCyCN).
Además, la aseguradora ni siquiera pudo demostrar si el fallo fue bancario o propio — y aun así siguió cobrando cuotas después de rechazar el siniestro. El tribunal calificó esa conducta como “totalmente desleal”.
¿Qué dicen otros fallos sobre este mismo problema?
Este fallo no es un caso aislado. Dos tribunales más llegaron a la misma conclusión:
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (Aubert c/ La Caja, 2021) estableció que la suspensión automática de cobertura por falta de pago es inválida si la aseguradora no informó previamente al asegurado que el débito falló. Primero debe avisar y dar oportunidad de regularizar. Solo si el asegurado ignora ese aviso puede suspenderse la cobertura. Fuente: Todo Riesgo — STJ La Pampa
La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (2021) resolvió en el mismo sentido en un caso de seguro de moto: al no haberse debitado las cuotas, la compañía no avisó al asegurado ni le informó que le suspendería la cobertura. La Sala condenó a la aseguradora por incumplir el deber de información del art. 4° de la Ley de Defensa del Consumidor — en línea con el dictamen de la Fiscalía General de la Nación. Fuente: Fiscales.gob.ar — Ministerio Público Fiscal de la Nación
¿Qué aprendemos? Derechos del asegurado frente al rechazo por débito rechazado
¿Te rechazaron un siniestro alegando falta de pago por débito automático? Lo primero es no aceptarlo sin más. Buscá un abogado especialista en seguros. Si no tenés uno de confianza, avisame — te oriento con quién puede ayudarte sin costo inicial.
Saade c/ La Mercantil Andina — El plazo de un año que se pierde sin darse cuenta
La Cámara revocó la sentencia favorable en primera instancia y rechazó la demanda por prescripción.
¿Qué pasó?
Un asegurado sufrió el robo de su vehículo y denunció el siniestro el mismo día. Meses después, tras recibir una oferta de indemnización que consideró insuficiente, inició una demanda judicial reclamando más de $7.000.000. En primera instancia obtuvo un resultado parcialmente favorable, pero la Cámara revocó la sentencia y rechazó la demanda por prescripción.
¿Cómo se cuenta el plazo de un año?
El fallo confirma un criterio clave para cualquier asegurado: el plazo de un año que fija el art. 58 de la Ley de Seguros para demandar a la aseguradora no comienza el día del siniestro, sino 45 días después de la denuncia (30 días que tiene la aseguradora para expedirse, más 15 días para pagar). En este caso, ese plazo se cumplió apenas transcurrido un año desde la denuncia.
Vale aclarar que este cómputo de 45 días corresponde al escenario en que la aseguradora no solicitó documentación complementaria. El art. 56 de la Ley de Seguros establece que el plazo de 30 días para expedirse corre desde que la aseguradora recibió toda la información adicional que hubiera requerido, por lo que, en los casos donde media un pedido de este tipo, el cómputo del plazo puede variar.
La mediación caduca cambió todo
Un dato adicional relevante: el asegurado había iniciado una instancia de mediación, que en principio suspende el plazo. Pero esa mediación fue declarada caduca por inacción, lo que le hizo perder retroactivamente su efecto suspensivo, dejando la demanda, presentada más tarde, fuera de término.
¿Qué aprendemos?
Conclusión práctica: contar bien los plazos legales, prestar atención a cada pedido de documentación adicional, y dar seguimiento activo a cualquier instancia de mediación iniciada, es tan importante como el reclamo mismo. Un reclamo con fundamento puede perderse por completo si no se respetan los tiempos procesales.
Resolución administrativa
Superintendencia de Seguros de la Nación · 17 de junio de 2026 · RESOL-2026-252-APN-SSN#MEC
¿Qué dispuso la SSN?
La Superintendencia de Seguros de la Nación revocó la autorización para operar de La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, disponiendo además su disolución automática y liquidación judicial forzosa, conforme los artículos 49 y 51 de la Ley N° 20.091.
¿Cómo llegó a este punto?
El proceso se inició en mayo de 2025 y recorrió las siguientes etapas:
- Mayo 2025: La compañía no presentó sus estados contables. La SSN dispuso la inhibición general de bienes (art. 86, Ley 20.091).
- Julio 2025: Una inspección in situ reveló ausencia de libros contables, sentencias judiciales firmes sin pagar y reservas técnicas subestimadas. Se dictaron medidas cautelares adicionales (RESOL-2025-382).
- Enero 2026: Los balances al 30/09/2025 confirmaron déficits por más de $7.897 millones en capitales mínimos, cobertura y siniestros liquidados pendientes de pago. Se intimó a presentar plan de saneamiento (RESOL-2026-13). La empresa no cumplió.
- Febrero 2026: Nueva intimación con plazo de 30 días para reintegrar capital (RESOL-2026-43). Vencido el plazo sin respuesta, quedó habilitada la revocación.
- 17 de junio de 2026: La SSN dicta la RESOL-2026-252: revocación, disolución automática y liquidación judicial forzosa.
¿Qué significa para el asegurado?
La revocación no cancela automáticamente las pólizas vigentes, pero la compañía no podrá renovarlas ni garantizar la atención de siniestros durante el proceso de liquidación judicial. Este caso ilustra que el precio de una póliza no es el único factor relevante: la solvencia de la compañía es la garantía real detrás de cada cobertura.
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